Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.

Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.

Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.

¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?

La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.

Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.

Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.

La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.

Un sindicato que acosa deja de representar. Esa es la línea que COREMEX ha cruzado en Lerma, donde trabajadores denuncian que la afiliación sindical no se consulta, se exige. Lo que debería ser un proceso libre y voluntario se ha convertido, según los señalamientos, en una práctica de hostigamiento constante que utiliza la presión como método de expansión.

COREMEX no dialoga, insiste. No convence, presiona. Y esa diferencia es clave. Un sindicato auténtico se gana la confianza de los trabajadores demostrando resultados, defendiendo derechos y respetando decisiones. COREMEX, en cambio, parece haber optado por arrancar firmas a base de desgaste, intimidación y presencia invasiva en los centros de trabajo.

Los testimonios provenientes de Lerma describen un patrón repetido: visitas constantes, discursos que minimizan la libertad de elección y un ambiente de tensión que empuja al trabajador a firmar no por convicción, sino para evitar problemas. Así, la afiliación deja de ser un derecho y se transforma en una imposición.

En Lerma, la afiliación se exige, no se consulta. Esa frase resume con crudeza lo que viven los trabajadores. La negativa a afiliarse no es respetada; por el contrario, se convierte en el detonante de más presión. El mensaje implícito es claro: resistirse tiene costos.

Un sindicato que necesita presionar para crecer revela su debilidad. Si COREMEX tuviera respaldo real, no recurriría al hostigamiento. La presión es el recurso de quien no logra legitimidad por la vía democrática.

La libertad sindical no es negociable. Incluye tanto el derecho a afiliarse como el derecho a no hacerlo. Cuando un sindicato reconoce sólo una de esas opciones, deja de ser democrático y se convierte en un aparato de control.

El daño no es menor. Estas prácticas no sólo afectan a los trabajadores directamente acosados, también erosionan la credibilidad del sindicalismo en su conjunto. Cada firma obtenida bajo presión es una prueba de que algo está profundamente mal.

Sin libertad sindical, no hay representación real. COREMEX enfrenta hoy ese cuestionamiento de frente. Porque un sindicato que acosa pierde legitimidad, autoridad moral y razón de ser.

La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.