Cinco niñas que fueron objeto de abuso sexual en un jardín de niños del municipio de Juárez.

MONTERREY, N. L., (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado (CEDHNL) pidió a la Secretaría de Educación de la entidad proteger a cinco niñas que fueron objeto de abuso sexual en un jardín de niños del municipio de Juárez, de parte de un intendente, que se encuentra prófugo.

El organismo se refirió al caso recientemente dado a conocer en el kínder Carlos Antonio de Padua en la colonia Los Puertos, de ese municipio ubicado 20 kilómetros al oriente de la capital, donde padres de familia denunciaron que el trabajador del plantel encerraba a las menores en un cuatro de música para cometer los delitos.

Los quejosos acudieron el lunes al jardín de niños e impidieron que fueran celebradas las clases hasta que se atendiera sus demandas, pues desde hace más de una semana presentaron denuncias penales contra el hombre encargado del aseo, sin que las autoridades del plantel intervinieran.

La Comisión emitió hoy una serie de medidas precautorias, entre las que figuran pedir a la secretaria de Educación, Sofíaleticia Morales Garza, que tome medidas inmediatas para garantizar los derechos fundamentales de las cinco niñas violentadas.

“Que se adopten de manera inmediata y pertinentes todas las acciones necesarias a fin de evitar que las niñas y niños presuntamente vulnerados continúen siendo objeto de cualquier tipo de maltrato psicológico, físico, sexual y/o cualquier otro acto u omisión en menoscabo a su dignidad.

“Y se evite cualquier tipo de represalia, señalamiento o agresión hacia las niñas y niños afectados, hacia sus madres, padres y/o tutores, por parte del personal docente o administrativo de la escuela, que no se le dé un trato diferenciado o se le excluya de participar en las actividades de la escuela”, señala la petición de la CEDHNL.

La Comisión le pidió también a Morales Garza que proceda y sancione cuando detecte casos de acoso o violencia escolar, y emprenda las acciones necesarias para evitar futuras acciones de agresión física, sicológica y sexual o de cualquier otro daño a la dignidad.

La Secretaría de Educación del estado tiene 24 horas para informar sobre las acciones realizadas, tras esta petición, dice el organismo autónomo.