Chihuahua

Caso López Elías: acusan a Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de falsear declaraciones y actuar fuera de sus facultades

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La defensa denuncia posibles irregularidades de funcionarios ministeriales y solicita que sean investigadas por autoridades federales.

Cuestionan la actuación de la Fiscalía tras el cambio de competencia judicial y señalan el presunto uso irregular de mecanismos de colaboración.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta nuevos señalamientos por su actuación en el proceso contra José Pedro López Elías, después de que la defensa del consultor denunciara posibles declaraciones falsas ante un juzgador y cuestionara diversas decisiones tomadas por funcionarios estatales.

El abogado César Gutiérrez Priego sostiene que representantes de la institución habrían incurrido en conductas que ameritan una investigación del Ministerio Público Federal.

Las acusaciones surgen en medio de una controversia por la competencia judicial del expediente 3050/2024, relacionado con servicios de consultoría durante el refinanciamiento de deuda pública de Chihuahua en 2019.

Según la defensa, las autoridades estatales continuaron realizando actuaciones cuestionables aun cuando un Tribunal Colegiado había determinado, desde enero de 2026, que correspondía a la justicia federal conocer del caso.

El conflicto se profundizó después de que un juez federal asumiera formalmente competencia en agosto.

A las acusaciones se suma el señalamiento de que la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado colaboración a otras entidades para ejecutar una orden de aprehensión mediante procedimientos que los abogados consideran irregulares.

La defensa afirma que algunas solicitudes fueron gestionadas a través de la Fiscalía General del Estado, incluso sin los convenios correspondientes.

Estas denuncias colocan una exigencia de explicación sobre las autoridades encargadas de combatir la corrupción: acreditar que sus propias actuaciones respetaron las disposiciones legales.

La gravedad institucional del asunto radica en que una fiscalía especializada debe observar estándares rigurosos de legalidad.

Corresponderá a las autoridades federales investigar las conductas señaladas y determinar si existieron responsabilidades. Mientras tanto, permanece abierta la controversia sobre la actuación ministerial en Chihuahua y la legalidad de los mecanismos utilizados durante el procedimiento.

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