Justicia
De la CIA al caso Javier Corral: las controversias de Maru Campos y Abelardo Valenzuela que ponen a Chihuahua bajo escrutinio
El enfrentamiento de la gobernadora con Claudia Sheinbaum, la investigación por 98.6 millones de pesos y la propuesta de fuero para Héctor Acosta reavivan el debate sobre las responsabilidades de las autoridades estatales.
Chihuahua enfrenta una serie de controversias institucionales que involucran al gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.
Entre los episodios que han generado mayor atención se encuentran el enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum por un operativo relacionado con la CIA, la investigación contra Javier Corral y la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al auditor Héctor Acosta Félix.
Aunque se trata de asuntos distintos, todos han generado discusiones sobre las atribuciones de las autoridades, los mecanismos de control y la relación entre instituciones estatales y federales.
El encuentro que terminó en reclamos
Maru Campos reconoció públicamente que sostuvo una conversación tensa con Claudia Sheinbaum durante una reunión celebrada en Ciudad Juárez.
La discusión estuvo relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino.
Según la gobernadora, ambas elevaron el tono de voz e intercambiaron reclamos. Campos también negó que se hubiera celebrado algún pacto político.
Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la gobernadora había señalado al exfiscal César Jáuregui Moreno como responsable de determinadas decisiones relacionadas con el operativo.
El episodio abrió interrogantes sobre la coordinación institucional y la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y federales.
Abelardo Valenzuela y el caso de los 98.6 millones
En el ámbito judicial, Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha encabezado las actuaciones relacionadas con una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.
El expediente tiene como antecedente una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019, durante el gobierno de Javier Corral.
La investigación involucró a Corral, Arturo Fuentes Vélez y José Pedro López Elías.
Los cuestionamientos sobre la auditoría incluyen señalamientos por presuntas irregularidades en la valoración de documentación, mientras las autoridades estatales han defendido la legalidad de sus procedimientos.
Maru Campos y las acusaciones de persecución
Javier Corral ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una persecución política vinculada con la actual administración estatal.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado esa interpretación y afirmado que sus actuaciones están relacionadas con posibles irregularidades financieras.
Los antecedentes políticos de Valenzuela han generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, aunque no demuestran que Maru Campos haya intervenido ilegalmente en el expediente.
Fuero constitucional en medio de las controversias
El Congreso de Chihuahua también analiza una reforma para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional.
La propuesta avanzó en septiembre de 2026 y coincide con una denuncia presentada ante la FGR contra Héctor Acosta y otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la auditoría del refinanciamiento.
La iniciativa busca fortalecer la independencia de la fiscalización, pero requiere un análisis de sus efectos sobre la rendición de cuentas.
Una discusión que va más allá de los protagonistas
Las controversias relacionadas con Maru Campos, Abelardo Valenzuela y Héctor Acosta plantean preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.
La independencia de la justicia no solamente depende de proteger a sus titulares frente a presiones externas, sino también de garantizar que sus decisiones puedan ser revisadas y que existan mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades.
El desarrollo de estos expedientes y las decisiones del Congreso serán determinantes para conocer cómo se resolverán los cuestionamientos institucionales.